Polémica por el financiamiento de la defensa de la infanta Cristina

Otro de los aspectos que cobró trascendencia en los medios en cuanto se supo de la imputación de la infanta Cristina fue el financiamiento de sus abogados.

Inmediatamente hubo quien sugirió que la Casa Real, que es financiada con los impuestos de los españoles, pagaría a los abogados que defenderían a la infanta por una acusación de desvío de fondos públicos.

Tuvo qué salir la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a decir que el Estado no va a pagar a los abogados de la infanta y qué ella ignora de dónde saldrán esos fondos.

Lo curioso del asunto es que si los abogados los paga el rey Juan Carlos, el gobierno o el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, lo más natural, y probable en el último caso, es que se trate de fondos públicos, bien o mal habidos, pero a fin de cuentas públicos.