Indignarse para protestar, ¿o para sabotear?

En la actualidad en muchos países ha quedado relegado el recurso estatal de contener las manifestaciones repartiendo palos a diestra y siniestra. Ahora a lo mucho se usa agua, bombas lacrimógenas y barreras humanas, para mantener a raya a los manifestantes. Hasta el PRI mexicano, tan dado a resolver esos eventos a tiros si hacía falta décadas atrás, lleva seis meses retrasando sus líneas de defensa ante maestros indignados por una reforma educativa.

Por tal razón, indignarse y salir a la calle a protestar es la moda. A fin de cuentas, ya no hay peligro, sólo basta con que un policía toque a un estudiante o a un sindicalista para que se pida la renuncia de un presidente. Y si bien es cierto que algunas veces salen unos descalabrados, eso no ocurre sin que antes los manifestantes haya hecho de las suyas, destruyendo todo a su paso para hacerse oír, a sabiendas que en estos tiempos lo que se hace en grupo y con una bandera con el rostro del Che en alto, sea lo que sea, no es delito: es simplemente el pueblo defendiéndose.

También es moda que el Estado, antes represor de manifestantes, ahora diga que los entiende, que está con ellos y que lo que hacen no es delito. No. No es delito cerrar comercios a la fuerza, no es delito destruir la infraestructura pública, no es delito cerrar avenidas e impedir que los que sí trabajan lleguen al lugar donde se ganan la vida, no es delito secuestrar escuelas, no es delito rayar bardas ajenas, no es delito lanzar piedras a cristales y ni siquiera descalabrar policías que tienen la orden de “no tocar a nadie y menos si hay periodistas cerca”.

Se supone que los indignados no quieren nada de la sociedad de a pie, sino del Estado. Pero a quien le pisotean sus derechos, sabiendo bien lo que hacen, es al ciudadano común. No se le puede presionar al Estado impidiendo que trabajen los funcionarios públicos, si sus oficinas son cerradas por manifestantes, ellos cobrarán su sueldo normal, con vacaciones incluidas, pero a los ciudadanos que viven del sector privado, que son la gran mayoría, sí les afecta que no los dejen moverse.

Igual pasa con las destrucciones. Si queman una oficina pública, no se la van a cobrar a un gobernador, sino que los impuestos de los ciudadanos servirán para repararla. Punto. Ahí pierden todos, todos menos el Estado. En cambio, si destruyen una tienda, como son muchos los destructores, no hay delito. Y pierde sólo el tendero.

Haría falta demasiada ingenuidad para creer que los indignados se creen eso de que no lastiman a la sociedad y que su lucha es contra el Estado. Ellos saben que su método no funciona si no se sabotea la vida de los ciudadanos de a pie, saben que para llegar al Estado, primero han de pisotear a la sociedad.